Normas Profesionales del Sistema Nacional de Fiscalización
Niveles 1 y 2
Este texto representa, de una manera tangible, la voluntad que han expresado las instituciones que han decidido integrarse al Sistema Nacional de Fiscalización, de definir acciones concretas para alcanzar los objetivos estratégicos de este proyecto.
En todas las áreas de la actividad humana, la definición de lineamientos, alcances, criterios y métodos basados en la experiencia y el análisis, contribuye a hacer la labor más eficiente, a dar coherencia a las acciones y a perfeccionar, al paso del tiempo, los procedimientos a aplicar para garantizar un buen resultado.
Esto se hace más patente, cuando dichos cánones son el resultado de la participación de una cantidad considerable de instituciones y grupos especializados que han hecho suya la tarea de optimizar y modernizar constantemente una disciplina que, en su diversidad, admite distintas
interpretaciones y perspectivas, como lo es la labor fiscalizadora en sus distintas variantes.
La integración de un conjunto de normas profesionales de auditoría a las actividades del Sistema Nacional de Fiscalización obedece entonces a una corriente, predominante en la administración pública actual, que tiene como meta la satisfacción de los receptores del beneficio de la acción de las instituciones en los tres ámbitos gubernamentales.
La adopción de normas profesionales en la revisión del uso que las distintas instancias administrativas dan a los recursos públicos permite, por una parte, asegurar el profesionalismo de la labor auditora y, en consecuencia, genera una mayor confianza sobre los alcances y resultados de nuestro trabajo a todas las partes interesadas, que pueden percibir una actuación desprovista de sesgos o discrecionalidad en la acción fiscalizadora.
La definición de normas para el Sistema Nacional de Fiscalización no es una tarea acabada. En esta ocasión, se abarcaron normas de primer y segundo niveles; en etapas posteriores se definirán normativas vinculadas con la ejecución de auditorías como referencia para el personal de nuestras instituciones, independientemente del tipo de fiscalización que éste practique –interna o externa, y a nivel federal, estatal o municipal–, a fin de que realice su trabajo de una manera consistente y que garantice la defensa del interés público, el cual debe ser, en último término, el objetivo de toda acción gubernamental. CPC. Juan M. Portal M. Auditor Superior de la Federación 5.
El Sistema Nacional de Fiscalización surgió de la necesidad de coordinar la labor de los entes de control y fiscalización, en los tres órdenes de gobierno y desde todos los ámbitos de análisis, para revisar de manera eficiente y oportuna la gestión gubernamental y el uso de los recursos públicos. Esto, con el firme propósito de mejorar la rendición de cuentas del país e incidir en el beneficio de la población, al asegurar que los objetivos de las políticas y programas cumplen sus objetivos, con eficacia, eficiencia y economía.
Un elemento fundamental de la labor de revisión es contar con normas profesionales de auditoría que se utilicen como marco de referencia para los organismos que integran el Sistema Nacional de Fiscalización.
Las cinco normas que integran el presente documento, son resultado de una revisión detallada, desde los ámbitos federal y estatal, que permitió realizar las modificaciones necesarias para su adaptación a la realidad nacional. No obstante las diferencias encontradas en los distintos organismos estatales de control del poder ejecutivo, se realizó un análisis profundo y con una actitud crítica, que hizo posible alcanzar consenso para la aprobación de las normas profesionales, en los niveles 1 y 2.
El propósito general de estas normas es proporcionar principios y directrices generales para fortalecer la función fiscalizadora. Son un referente, ya que pueden adaptarse a las circunstancias de las instituciones que las apliquen; esto les otorga validez y certidumbre en diversos entornos, sin que su uso vulnere su autonomía o, en su caso, violente los límites y contenidos de sus mandatos legal o constitucional, ya que son normas de carácter eminentemente técnico.
Considero que este documento representa una valiosa aportación para avanzar en el establecimiento de normas profesionales en nuestro país, basada en valores compartidos y cuyo contenido, de gran riqueza conceptual, es resultado de una diversidad de opiniones y representa una respuesta efectiva para nuestro quehacer cotidiano.
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